.- “La reactivación de la industria química y petroquímica nacional exige la participación creciente de capital privado, tanto nacional como internacional, en las actividades de toda la cadena de valor del negocio si se quiere desarrollar el negocio de forma exitosa sobre el nivel actual”.

Así lo señaló Guillermo Wallis, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, ASOQUIM, durante la celebración del 60 aniversario de esta organización gremial.

En el evento, el economista Richard Obuchi presentó un estudio realizado para ASOQUIM denominado “Petroquímica: invirtiendo en un mejor futuro: hecho en Venezuela para el mundo”, en el cual se plantea el potencial del sector químico y petroquímico, cuyo PIB puede quintuplicarse en 6 años con un efecto dinamizador de la economía y un impacto social que se verá reflejado en la creación de 100 mil empleos directos e indirectos. 

Según Obuchi, para que la industria química y petroquímica nacional pueda recuperar su tamaño requerirá de una inversión cuantiosa, por el orden de los 8 mil millones de dólares, y eso solo se puede lograr con capital privado, proveniente de las empresas, de organismos multilaterales o del mercado de capitales.

Dado que la inversión que requiere este sector es cuantiosa y que el Estado deberá priorizar los recursos a actividades donde tenga mayor impacto como educación, salud y seguridad, ASOQUIM plantea que debe ser la empresa privada -tanto nacional como extranjera- la que deberá asumir un rol esencial en este plan de desarrollo.

“Ahora bien, la inversión privada sólo tendrá lugar si el contexto para invertir es favorable, con un marco de seguridad jurídica estable y transparente. Por ende, se deben implementar políticas macroeconómicas coherentes y permanentes, ya que éstas a mediano y largo plazo reducen el riesgo político y mejoran las condiciones de acceso al financiamiento”, advirtió el presidente de ASOQUIM.

El plan de ASOQUIM

Wallis apuntó que estas inversiones solamente se materializarán con la puesta en marcha de un plan coherente para la reactivación, recuperación y reestructuración de la Industria Petroquímica Nacional. 

En ese sentido, para poder lograr el necesario crecimiento y desarrollo que permitan generar más riqueza y puestos de trabajo productivos, ASOQUIM propone un plan que contempla ocho puntos fundamentales.

En primer lugar, la redefinición del rol del Estado en este sector, mediante el cual éste deje de ser empresario y regulador y pase a ser promotor y eventual socio y aliado del sector, en donde no exista un riesgo permanente de distorsiones en el mercado local a través de la fijación forzada de los precios de los petroquímicos básicos, intermedios o finales; ni que se establezcan regulaciones que restrinjan la comercialización de estos productos localmente.

Como segundo paso destaca la necesidad de promover la inversión privada nacional e internacional en el sector, para impulsar la generación de empleos y sus consecuentes efectos positivos y multiplicadores en la reactivación del aparato productivo nacional. Para ello se requiere de reglas claras y estables mediante la implementación de políticas macroeconómicas coherentes y permanentes.

La tercera acción es la posibilidad de contar con el mercado de capitales para acompañar la inversión privada, porque éste permite y estimula la captación de recursos a menor costo; disminuye el riesgo asociado a las inversiones en el sector; proporcionará liquidez a las transacciones de acciones; facilitará la desinversión del Estado en filiales y/o empresas mixtas petroquímicas en marcha; permitirá captar fondos frescos necesarios para actualizaciones de equipos, procesos, tecnologías y parques industriales y ayudará a promover nuevos proyectos.

El cuarto punto es muy relevante por cuanto contempla la necesaria reforma de la Ley de Desarrollo de las Actividades Petroquímicas (LODAP), a fin de eliminar obstáculos legales y restricciones que desincentivan la participación del sector privado en la industria (i.e. eliminación de la Reserva del Estado sobre las actividades del sector, y del 50% de participación accionaria mínima que debe tener el Estado en las Empresas Mixtas Petroquímicas, etc.).

El quinto planteamiento tiene que ver con el restablecimiento de las cadenas de suministro del sector químico, para lo cual se debe actuar sobre cuatro aspectos principales: desarrollar la base de recursos de hidrocarburos, con el fin de poder ofertar condiciones de suministro competitivo, y confiable de acceso a las materias primas claves para la industria química y petroquímica, tales como gas natural, líquidos del gas natural y corrientes intermedias de refinación, y así poder garantizar el suministro oportuno de estos insumos a la cadena productiva del sector químico-petroquímico; recuperar los niveles de producción de crudo y gas natural, por parte de PDVSA, PDVSA Gas, empresas mixtas petroleras y licencias de gas  para aumentar la disponibilidad de materias primas esenciales para reactivar los Complejos Petroquímicos de El Tablazo (Ana María Campos), Morón (Hugo Chávez) y lograr que el Complejo Petroquímico de Jose opere a mayor capacidad.

Dentro de este contexto, y dadas las limitaciones de suministro de gas rico por parte de PDVSA Occidente a El Tablazo, es crucial que se continúe con el desarrollo del Proyecto de Gas La Perla en el Campo Cardón IV, operado bajo una Licencia de Gas por el consorcio Repsol-ENI. Y además desarrollar la infraestructura y demás servicios industriales.

El sexto punto contempla la necesidad de reformas legales a fin de establecer incentivos fiscales atractivos y reales, que se conviertan en el mejor estímulo a la materialización de nuevas inversiones. “Cualquier iniciativa debe contemplar ventajas importantes tales como otorgar beneficios fiscales, tanto en lo que respecta al impuesto sobre la renta (ISLR), al impuesto al valor agregado (IVA), como en los aranceles de importación de maquinarias y equipos”

Wallis recalcó que es importante que el Estado cumpla cabalmente con sus obligaciones en este sentido, como por ejemplo, el reintegro oportuno del IVA a los exportadores y el drawback, entre otros.