Fabiana Culshaw (*)
Al comienzo de la pandemia, Uruguay destacó por ser uno de los países que mantuvo el índice de contagios del covid-19 bastante controlado, con una política de informar y educar a la población sobre cómo cuidarse, sin recurrir a la cuarentena obligatoria, a diferencia de la mayoría de los países de la región.
Bajo la bandera de “libertad responsable”, el presidente Luis Lacalle Pou hizo una apuesta por “las buenas decisiones de la población” de saber cuidarse con tapabocas, manteniendo distancia física y extremando medidas de higiene, lo que hasta cierto punto funcionó.
Los índices de contagio llegaron a estar entre los más bajos comparativamente con otros países, hasta que fundamentalmente por la frontera viva que tiene con Brasil, los contagios se dispararon hacia arriba súbitamente con la nueva cepa brasileña.
En la primera semana de abril, Uruguay pasó a ser el segundo país con mayor contagio de Sudamérica, luego de Brasil. El 20 abril el Ministerio de Salud Pública de Uruguay sorprendió con la estadística de más de 172.600 contagios y 2.083 muertes, para un total de 3 millones de habitantes.
La historia de éxito que había tenido Uruguay cambió así radicalmente, al tiempo que algunos grupos poblacionales, cansados de las advertencias de Salud Pública, se lanzaron en el verano (enero, febrero y marzo) a organizar fiestas clandestinas, donde las aglomeraciones fueron una constante y despertaron el enojo de los más cuidadosos o vulnerables. Esto agravó la situación.
“Yo no tengo riesgo de vida, sí los más viejos. Que se cuiden ellos. Uso tapabocas lo más posible pero no creo que por ir a una fiesta, la pandemia vaya a empeorar”, dijo a Negocios y Destinos Andrés, un joven uruguayo de 18 años que, tapándose su rostro y sin querer decir su nombre completo, salía de una reunión clandestina entre sus amigos, con tragos y música fuerte en una casa de La Pedrera, un balneario de la costa Este uruguaya.
El Ministerio de Salud Pública ha realizado varias campañas para el control de la pandemia, alentando a la gente, sobre todo a los jóvenes, a que extremen sus cuidados y sean solidarios con el próximo. Algunos intendentes de los balnearios más frecuentados por el turismo interno mostraron clara molestia por la situación.
Los más vulnerables
Otro lado oscuro de la realidad uruguaya en el contexto de pandemia, son los residenciales de ancianos. El 15% de los uruguayos son personas mayores de 64 años de edad y buena parte de ellos vive en residenciales u hogares para ancianos, debido a que las familias suelen ser pequeñas en número de integrantes y no hay suficientes miembros disponibles para cuidar a sus mayores.
Lo cierto es que salió a la luz pública últimamente que muchos residenciales no cumplen con las reglamentaciones vigentes. Existen al menos 52 geriátricos en estado crítico, de acuerdo a un informe que presentó el Ministerio de Salud Pública el 13 de abril a senadores que integran la comisión sobre seguimiento de la pandemia del coronavirus en Uruguay.
Riesgos sanitarios
El informe señala que estos geriátricos no tienen un director técnico médico designado y corren eventual riesgo sanitario porque los viejos conviven en hacinamiento, según se denuncia. Algunos, incluso, no cumplen con el correspondiente trámite de habilitación, o han recibido alertas de las autoridades por sus indicadores críticos en materia de sanidad o clausuras.
Las estadísticas lo dicen todo: en Uruguay, una de cada seis personas que mueren por el covid-19 son adultos mayores que viven en residenciales. Hubo casos lamentables como en la ciudad de Fray Bentos, donde en uno de estos establecimientos se contagiaron y fallecieron 15 adultos mayores el 4 de abril, un día antes de que llegara la jornada de vacunación a la zona.
“A veces tienen que ocurrir estas cosas horribles para que la gente se entere de lo que está pasando. Hay hogares de ancianos donde las condiciones son pésimas, o donde el personal no da abasto, menos aun cuando se deben tomar más medidas de higiene que las habituales. A los viejos hay que bañarlos, cambiarlos, a veces no colaboran, todo lleva un tiempo que no tenemos, y además, nosotras también estamos expuestas a enfermarnos y contagiarlos. Este residencial en el que trabajo es bueno, pero muchos otros no y la paga del sector es pésima o bajo cuerda (en negro)”, dijo a Negocios y Destinos Laumila, una enfermera cubana que trabaja en un residencial en Montevideo desde hace tres años.
En los últimos meses, el gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, ha reforzado las inspecciones en los residenciales, y la campaña de vacunación comenzó precisamente por el personal médico y la población vulnerable de la tercera edad.
A pesar de las tristes realidades que se están dando en Uruguay, se estima que, debido a que la población es baja en número, todos los que deseen estarán vacunados antes de fin año. De esa forma se llegará a la inmunidad de rebaño tan esperada, aunque los rebrotes y las pérdidas del hilo epidemiológico sean ahora la constante.
(*) Corresponsal de Negocios y Destinos en Uruguay
